El Gobierno de Suecia ha presentado recientemente una propuesta de reforma que podría afectar a las sociedades no residentes. Esto se debe a la medida de las obligaciones de retención de impuestos, actualmente en vigor. Ya que con esta se pretende enfocarse en los pagos por trabajos realizados en Suecia por parte de estas entidades.  

Contexto de la obligación 

En el ejercicio fiscal 2021 se introdujo en Suecia la obligación de retención de un 30% sobre los pagos realizados a empresas no residentes por trabajos realizados en territorio sueco. El importe del reembolso debía de ser declarado y transferido a la Administración tributaria por parte del retenedor.  

Luego, existe la posibilidad de enfrentarse a sanciones en caso de no practicar correctamente la retención prevista. Entonces, para poder evitar esta retención, las empresas no residentes deben estar en posesión de un certificado de impuesto F-tax (F-skatt). Este título es concedido por la Administración sueca mediante una solicitud previa de la parte interesada.  

Adicionalmente, las empresas extranjeras sin establecimiento permanente en Suecia están obligadas a presentar información específica para la administración fiscal. En este caso, las instituciones públicas podrán determinar si existe o no un establecimiento permanente en su territorio. Ya que en cuyo caso la sociedad estaría obligada a presentar una declaración del impuesto sobre la renta en Suecia.  

El debate que lo rodea 

No obstante, a ojos de la Comisión Europea esta legislación no sería compatible. En especial no cumpliría con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios que rigen en el mercado comunitario. De esta manera, la CE ha instado al Gobierno sueco a adaptar su legislación a los estándares de la UE.  

La reforma planteada por la autoridad fiscal de Suecia propone que la solicitud de certificado F-tax pueda ser denegado. Esta anulación del título podría realizarse a aquellas empresas que no atiendan los requerimientos específicos de información o incluso revocado cuando la información aportada sea insuficiente. Con esto se prevé que las empresas sin establecimiento permanente sean tratadas de la misma forma que las empresas establecidas en Suecia. Por tanto, este objetivo permitiría una mayor neutralidad en la aplicación de retenciones. 

Entonces, se propone que la reforma, en caso de ser aprobada por la Comisión Europea, entre en vigor el 1 de julio de 2025. En cambio, si se da una respuesta no favorable por parte de la Comisión, el gobierno sueco deberá revisar la legislación en vigor. Ya que las instituciones nacionales tendrían que adaptarlas a los requerimientos de la Unión Europea. 

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