El Registro Central de Beneficiarios Efectivos (RCBE) de Portugal tiene como objetivo identificar a la persona física que posee (directa o indirectamente más del 25 % del capital) o que ejerce, en última instancia, el control sobre una entidad privada.  

¿Quién entidades están obligadas?  

En Portugal, al RCBE están sujetas las entidades constituidas o registradas en territorio portugués (sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones). Asimismo, la ley contempla a las entidades extranjeras que desarrollen actividades en el país o dispongan de fondos/estructuras sin personalidad jurídica comprendidas en el artículo 3.º del Anexo a la Ley n.º 89/2017, de 21 de agosto.  

Las obligaciones de información y los plazos 

La información registrada en el RCBE debe mantenerse permanentemente actualizada:  

  • Actualización de datos: cualquier modificación (por ejemplo, de la denominación social, domicilio social, administradores o sus respectivos documentos de identificación) deberá comunicarse en un plazo de 30 días.  
  • Confirmación anual: deberá realizarse hasta el 31 de diciembre de cada año. Esta obligación queda dispensada cuando la entidad haya realizado una actualización de datos durante el mismo año natural.  

Nueva regla de acceso a la información 

Desde el 1 de noviembre de 2025, el acceso público a la información del RCBE exige acreditar un interés legítimo, equilibrando la transparencia y la prevención del blanqueo de capitales (PBC) con la protección de datos y la privacidad.  

Esta modificación afecta únicamente al acceso público a la información y no reduce la obligación de las empresas de mantener sus registros válidos y actualizados.  

Consecuencias del incumplimiento  

La falta de regularización en el RCBE por la empresa le impedirá: 

  • distribuir beneficios o conceder anticipos sobre beneficios;  
  • celebrar contratos con el estado y otras entidades públicas;  
  • acceder a fondos europeos y ayudas públicas, o beneficiarse de ellos;  
  • adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles. además de estas limitaciones operativas, el incumplimiento puede dar lugar a multas de entre 1.000€ y 50.000€. 

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Autor/a:

Rute Lopes

Legal Manager – PT

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