Argentina cambia de Agencia Tributaria tras la firma por Javier Milei del Decreto 953/2024, el cual disuelve la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como un nuevo ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso de reestructuración del Estado argentino, orientado a optimizar la gestión de los ingresos públicos y a responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía en ámbitos como el aduanero, el tributario y de la Seguridad Social.
El decreto resalta que la AFIP, aunque desempeñó un papel fundamental en la gestión tributaria y aduanera, ha venido sufriendo un sobredimensionamiento y presentando ciertas limitaciones en su estructura organizacional, lo que ha afectado a su capacidad de respuesta y eficiencia. La nueva agencia estará liderada por la actual titular de la AFIP, Florencia Lucila Misrahi, pasando a corresponderle el cargo de directora ejecutiva de la ARCA. Ella deberá presentar al poder ejecutivo una propuesta normativa y organizativa en un plazo de 60 días hábiles desde la vigencia del decreto.
De esta manera, la nueva estructura de funcionamiento interno del nuevo ente público argentino estará dirigido por un director ejecutivo, elegido por el poder ejecutivo, cuyo mandato (prorrogable una vez finalizado) durará cuatro años. Asimismo, esta persona, el titular de la entidad, deberá de haber cumplido previamente con el Plan de Gestión del mandato anterior. El director ejecutivo se verá apoyado por otros dos: uno encargado de la Dirección General de Aduanas y otro de la Dirección General Impositiva (esta con su próxima competencia respecto a la Seguridad Social estatal), ambos escogidos, al igual que los subdirectores generales, por el Ejecutivo. Así, su estructura simplificada permitirá que haya, según el decreto, “un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales”, al fomentar la especialización del personal en sus respectivas áreas. Por último, las fuentes institucionales destacan que se recortará el 34% de los cargos públicos (provocando un despido de más de 3.000 funcionarios), suponiendo un ahorro total de en torno a los 6 millones de euros.
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