Uruguay se encuentra en proceso de cambio presidencial, y el tema más comentado últimamente es la exigencia impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que el país pertenece. Tributarán Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) con una tasa del 15% todas las entidades integrantes de un grupo multinacional con ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros que no tengan sustancia en el país, por las rentas pasivas generadas por activos en el exterior.  El acuerdo incluye a más de 130 países. 

Por otra parte, Uruguay concede reducciones de impuestos con el fin de incentivar la inversión. En la propia Ley de Promoción de Inversiones se establecen las directrices de aplicación. Estas exoneraciones se concentran en los sectores de la manufactura y la obra civil, además de la obtención y mantenimiento de bienes inmuebles.  

Los expertos comentan que este nuevo acuerdo pone al país en un gran desafío a la hora de mantener esos incentivos al capital extranjero, y es que la renuncia a la recaudación que realiza el país mediante la aplicación de regímenes promocionales podría terminar en una transferencia de recaudación a otro país que finalmente aplique la tasa mínima global. 

Por tanto, el objetivo principal de este marco impositivo es proteger los ingresos fiscales de los países que exportan capital, además de evitar que las multinacionales desvíen beneficios a países de baja o nula tributación. Es un fenómeno que, según la OCDE, ha costado miles de millones de euros anuales a las arcas públicas desde los años noventa.  

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