Con la entrada del nuevo año en Alemania, las reformas fiscales de las que se han ido hablando a lo largo del año se hacen efectivas. Por ejemplo, la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el cual fue declarado inconstitucional en 2018 por el Tribunal Constitucional Federal por valorar de forma diferente propiedades similares. En el cálculo del impuesto intervienen tres factores: el valor de la propiedad, el tipo de gravamen y la tasa de evaluación.   

Hasta ahora, el valor de la propiedad se basa en valores catastrales de hace décadas (los llamados valores normalizados). En el oeste, las propiedades se tasan según su valor en 1964, mientras que en el este los valores son de 1935. El tipo de gravamen se establece a nivel federal y depende del tipo de propiedad. En cambio, la tasa de evaluación no se calcula individualmente para cada propiedad, sino para el municipio entero, convirtiéndose en un instrumento importante para regular el nivel de las tasas municipales.  

Con la reforma, los valores de las propiedades se han actualizado. Sin embargo, al no llegarse a un acuerdo entre el Gobierno Federal y los Estados Federados sobre cómo debería determinarse el valor del inmueble, algunos estados han aprobado sus propias leyes para el cálculo de este valor. Concretamente, lo han hecho los Estados de Sajonia, Sarre, Baja Sajonia, Hesse, Hamburgo, Baviera y Baden-Wurtemberg, que seguirán un modelo distinto al federal.  

La revalorización de las propiedades conllevaría a un aumento masivo del impuesto en caso de que el tipo de gravamen se mantuviera. Es por ello que ha sido significativamente reducido, pasando a ser del 0,031% para todas las propiedades residenciales y del 0,034% para propiedades no residenciales.  

Con respecto a la tasa de evaluación, la mayoría de los municipios aún no han fijado sus nuevas tasas. No obstante, varias asociaciones siguen dudando de la constitucionalidad de esta reforma al considerar que existe un trato desigual de los propietarios. 

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