A partir del 1 de enero de 2025, Singapur implementará cambios significativos en su régimen fiscal corporativo, alineándose con las directrices internacionales establecidas en el Pilar 2 de la OCDE. Este movimiento busca establecer una tasa impositiva mínima global del 15% para grandes grupos multinacionales, con el objetivo de evitar la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Adicionalmente, implementará las Reglas Globales contra la Erosión de la Base (GloBE), es decir, la Regla de Inclusión de Ingresos y la Regla de Beneficios Subimpuestos, y el Impuesto de Recarga Nacional. 

Para lograr esta meta, el gobierno singapurense introducirá un Impuesto de Complemento Nacional, elevando la tasa impositiva efectiva de los conglomerados multinacionales al 15%. Esta medida forma parte de un esfuerzo internacional más amplio para armonizar las tasas impositivas corporativas y garantizar una competencia fiscal equitativa. Además, las autoridades revisarán y actualizarán los incentivos fiscales existentes para fomentar inversiones en proyectos relacionados con el clima y promover prácticas empresariales sostenibles. El Estado asiático se une a la lista de Estados que también van a aplicar este cambio, como Uruguay y Brasil.  

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En paralelo, Singapur avanzará en la digitalización de sus procesos fiscales mediante la adopción obligatoria de InvoiceNow, la red nacional de facturación electrónica basada en el marco PEPPOL. A partir de mayo de 2025, las empresas registradas en el GST podrán adoptar voluntariamente este sistema. Y desde noviembre de 2025 será obligatorio para las nuevas empresas que se registren voluntariamente en el GST. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia en la facturación, acelerar los ciclos de pago y reducir el uso de papel. De esta manera, el país se alinearía con las tendencias globales hacia la digitalización y la transparencia fiscal. 

Estas reformas reflejan el compromiso de Singapur con las normativas fiscales internacionales y su adaptación a un entorno económico global en constante evolución. Las empresas que operan en el país deberán prepararse para cumplir con estos nuevos requisitos, asegurando una transición fluida y el mantenimiento de su competitividad en el mercado internacional. 

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