Con la aprobación de la Ley 207/2024, Italia introduce una nueva obligación administrativa para las empresas constituidas en forma societaria. Desde el 1 de enero de 2025, los administradores deben de contar con un correo electrónico certificado (PEC) individual inscrito en el Registro Mercantil. 

Esta medida, introducida por el artículo 1, inciso 860, de dicha ley, modifica el Decreto-Ley 179/2012. De esta manera, se amplía el uso del correo electrónico certificado más allá de las sociedades, involucrando también a sus administradores y liquidadores. El Ministerio de Empresas y Made in Italy (Mimit), mediante la Nota n.º 43836, ha proporcionado indicaciones prácticas para su correcta aplicación. 

¿A quién aplica la obligación? 

A todas las sociedades con actividad empresarial, excluyendo únicamente aquellas que no pueden ejercer comercio (sociedades simples no agrícolas, sociedades de ayuda mutua, consorcios y entes no societarios). Esta norma también afecta a redes de empresas con fondo patrimonial común y personalidad jurídica. 

Cada administrador debe contar con una dirección PEC individual, distinta de la de la empresa, incluso si desempeña el mismo rol en varias sociedades. En este último caso, se podrá utilizar una única dirección para todas ellas. 

Plazos de cumplimiento 

• Nuevas empresas (constituidas o inscritas en el Registro Mercantil a partir del 1 de enero de 2025): deberán comunicar la dirección PEC del administrador al momento de presentar la solicitud de inscripción. 

• Empresas ya constituidas al 1 de enero de 2025: debieron hacerlo antes del 30 de junio de 2025, según el plazo establecido por el Mimit ante la falta de una disposición legal específica. 

Sanciones por incumplimiento 

La omisión puede implicar la suspensión del trámite de inscripción o renovación de cargos en el Registro Mercantil, otorgando un plazo de 30 días para subsanarlo. En caso contrario, la solicitud podrá ser rechazada y aplicarse sanciones conforme al artículo 2630 del Código Civil. Asimismo, cabe destacar que la comunicación o modificación de la PEC está exenta de tasas e impuestos.  

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