El Gobierno está llevando a cabo una reforma ambiciosa para la implementación de la facturación electrónica en Francia, con la cual se pretende simplificar la transmisión de datos a la administración fiscal, reducir los costes y períodos de cobro para las empresas y reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para ello, las empresas deberán elegir una plataforma única a través de la cual se producirá la recepción de las facturas de sus proveedores, así como el envío de facturas a sus clientes, y que actuará como intermediaria en el envío de datos a la administración.
La administración fiscal, de acuerdo con los diferentes agentes involucrados en la reforma (tanto representantes de las empresas como desarrolladores de las plataformas de facturación), ha decidido posponer la entrada en vigor de la obligación de facturación electrónica inicialmente prevista para el 1 de julio de 2024, con el fin de asegurar que la transición a la nueva modalidad se realiza con todas las garantías.
Durante el mes de octubre de 2023 se han determinado las nuevas fechas efectivas de entrada en vigor de la reforma:
- El 1 de septiembre de 2026: todas las empresas deberán estar en disposición de recibir facturas electrónicas por los canales previstos, y la obligación de emisión de facturas electrónicas entrará en vigor para las grandes y medianas empresas.
- El 1 de septiembre de 2027: la obligación de emisión de facturas electrónicas se extenderá a las PYMEs y micro empresas.
No obstante, estas fechas podrían también verse aplazadas por un máximo de tres meses en caso de considerarse necesario por parte de la administración.
En un futuro, se pretende también que la reforma ayude a simplificar las obligaciones declarativas de las sociedades incluyendo los datos transmitidos a la administración de forma automática en las declaraciones de IVA.
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